| Резюме: |  Tan sólo 13 días tiene el autoproclamado presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, para dejar el poder, cesar la represión y liberar a todos los presos políticos. Si no lo hace, tendrá que enfrentarse, a partir del próximo 26 de octubre, a una huelga general convocada por su adversaria en los pasados comicios y actual líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya.
Ella sigue exiliada en Lituania y desde allí lanzó hoy un «ultimátum popular"» a través de su canal de Telegram. Lo ha hecho al día siguiente de que la Unión Europea dispusiese la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra la cúpula bielorrusa, que está vez afectará directamente a Lukashenko.
En su llamamiento, la líder opositora plantea tres requisitos: Lukashenko debe presentar su dimisión, la represión y la violencia en las calles deben cesar por completo y todos los presos políticos deben ser puestos en libertad. «Si nuestras exigencias no son satisfechas de aquí al 25 de octubre, todo el país saldrá pacíficamente a las calles. Y el día 26 de octubre, comenzará una huelga nacional en todas las empresas del país, las carreteras serán bloqueadas y se hundirá la actividad comercial», advierte Tijanóvskaya.
Según sus palabras, «usted tiene 13 días para cumplir tres exigencias y nosotros 13 días para prepararnos. Todo ese tiempo, los bielorrusos continuarán persistentemente sus protestas pacíficas». La excandidata a la Presidencia, que siempre dijo estar segura de su victoria en los comicios del pasado 9 de agosto, pero que le fue robada por Lukashenko mediante el fraude y la manipulación, le acusó hoy de practicar «terrorismo de Estado».
Diálogo entre rejas
El sábado, Lukashenko reunió a algunos de los opositores encarcelados en la sede de los servicios secretos, para hablarles de su proyecto de nueva Constitución, que contemplaría ceder parte de sus poderes a otros estamentos y convocar nuevos comicios presidenciales anticipados. Les dijo que «una nueva Constitución no puede redactarse en la calle». Después, los participantes en el encuentro fueron devueltos a sus celdas. A este respecto, Tijanóvskaya dijo hoy que la oposición siempre ha estado dispuesta a dialogar con el poder, pero «el diálogo entre rejas no es diálogo».
El domingo, miles de personas volvieron a salir a las calles en Minsk, la capital del país, pero fueron reprimidos con mayor violencia que en jornadas anteriores. Emplearon contra ellos cañones de agua, granadas aturdidoras y se practicaron más de 700 detenciones. Ayer lunes, salieron los jubilados a la calle también para protestar y les asfixiaron con gases lacrimógenos. El Ministerio del Interior bielorruso ha llegado a amenazar con «fuego real», si las manifestaciones se «descontrolan».
La oposición creó un Consejo de Coordinación para establecer una línea de diálogo con Lukashenko, pero sus integrantes fueron acusados de tratar de usurpar el poder. Todos ellos se encuentran actualmente encarcelados o exiliados en países como Lituania, Polonia y Ucrania. El último miembro del órgano opositor que quedaba dentro del país en libertad, Serguéi Dilevski, partió de Bielorrusia ayer. Dijo temer por su «seguridad». Desde que comenzaron las movilizaciones, en la misma noche del 9 de agosto, han sido detenidas miles de personas y cientos de ellas han sido condenadas a penas de prisión de mayor o menor envergadura. En una primera tanda de sanciones, la Unión Europea incluyó a 40 altos cargos implicados en la manipulación de los resultados de los comicios del pasado 9 de agosto y en la represión desencadenada después contra manifestantes pacíficos. Como ha indicado el alto representante de Exteriores y Seguridad de la UE, Josep Borrell, ahora se trata de castigar también a Lukashenko, quien, según Bruselas «carece totalmente de legitimidad». |