| Резюме: |  La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) de Estados Unidos, un observatorio oficial independiente, ha acusado a la Casa Blanca de «violar la ley» por retener ayuda militar para Ucrania «por razones políticas», en alusión a la petición del presidente, Donald Trump, para que se investigaran las actividades de Joe Biden y su hijo.
La GAO ha recordado que «el presidente tiene un margen estrecho y limitado para congelar fondos» del Departamento de Defensa y ha rechazado los argumentos dados por la Oficina de Gestión y Presupuestos (OMB) de la Casa Blanca, que justificó la paralización de una ayuda de 214 millones de dólares para que «no entrasen en conflicto con la política exterior» del mandatario.
«La ley no permite a la OMB congelar fondos por razones políticas», ha advertido el responsable del observatorio, Thomas H. Armstrong, cuya oficina ha examinado el alcance de la decisión que adoptó la Casa Blanca en el verano de 2019 y que forma parte del juicio político abierto contra Trump en el Congreso norteamericano.
En concreto, Trump será juzgado por abuso de poder y obstrucción al Congreso después de que se pusiese en duda la legalidad de sus relaciones políticas con Ucrania, después de que se publicasen los detalles de una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en los que abiertamente pedía que se investigase a Biden.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ha concluido que Trump abusó de su poder al retener la ayuda militar a Ucrania con fines políticos. El proceso está ahora en manos del Senado, donde los republicanos son mayoría y previsiblemente evitarán la destitución del actual inquilino de la Casa Blanca.
La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha leído extractos del informe de la GAO, en una comparecencia ante los medios en la que ha subrayado que las acciones de la Casa Blanca fueron «ilegales». El caso, ha recordado, está «en el centro» del juicio político abierto contra Trump.
Para Pelosi, el informe demuestra que la red tejida por el Gobierno para «engañar» y refuerza la necesidad de que haya un proceso imparcial en el Senado, con documentación y testigos. |