| Резюме: |  Oniani ha huido, aquí dentro solo está la niña y su cuidadora». Eran las cinco de la madrugada del 17 de junio de 2005 y un grupo de geos acababa de asaltar un palacete del elitista barrio barcelonés de Pedralbes para detener al jefe de la «Kutaiskaya», una poderosa organización criminal rusa. Oniani era uno de los cinco objetivos prioritarios de la operación Avispa, el primer gran golpe asestado a las mafias del Este asentadas en España. «Alguien le ha avisado, la llamada que recibió anoche en el restaurante era un chivatazo», clamó uno de los mandos policiales al descubrir lo ocurrido. Estaba en lo cierto. El capo se benefició de un soplo, nunca aclarado, que le dio un policía y se fugó de madrugada con su mujer.
Quince años después, Tariel Oniani, un «vor v zakone», un «ladrón en ley», máxima autoridad del mundo criminal de origen georgiano, está de nuevo en España.Pero ha cambiado el palacete de Pedralbes por una celda, primero en Soto del Real y ahora en A Lama (Pontevedra). Las autoridades rusas, tras años de negativas, acordaron la extradición de Oniani a nuestro país el pasado octubre para que sea juzgado aquí.
Solo por asociación ilícita
La Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen organizado lo acusa de un delito de blanqueo de capitales y otro de asociación ilícita, pero Rusia solo accedió a la entrega si no se le juzgaba por el primero, alegando que el blanqueo ha prescrito. Oniani es una espina clavada para quienes persiguen el crimen organizado en España.
Entre 1995 y 2005 creó un entramado societario para introducir en nuestro país ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de drogas, la extorsión organizada y la protección criminal que se desarrollaban sobre todo en Rusia. Era uno de los «vor» más poderosos, casi al nivel de su amigo el jefe Zakhar Kalashov, que fue condenado por el Tribunal Supremo a nueve años de cárcel. En Barcelona, Oniani llevaba una vida de lujo y opulencia, y llegó a actuar como enviado de la petrolera Lukoil, con un «miniejército» de criminales a su servicio.
Tras escapar gracias al chivatazo, fue detenido en 2009 en Moscú y al año siguiente sentenciado a casi diez años de prisión por secuestro y blanqueo de capitales. Durante el tiempo de condena –en la que fue amenazado de muerte por los jefes de mafias rivales que lo acusaban de haber ordenado el asesinato del vor Vyacheslav Ivankov, «Yaponckik»–, Anticorrupción pidió a Rusia una entrega temporal para ser juzgado, pero no fue concedida.
Hasta el pasado abril, cuando la Fiscalía general rusa accedió a una «extradición general». Se aseguraban así que cuando Oniani saliera de la cárcel abandonara Rusia. El 24 de octubre pasado ingresó en Soto del Real por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
De origen georgiano, el capo había obtenido la nacionalidad rusa, pero la condena que se le impuso llevaba aparejado perderla. Ahora ni Georgia ni Rusia le reconocen y él esgrime su condición de apátrida en una cárcel española. Fue trasladado a A Lama (Pontevedra) donde está sometido a las máximas medidas de seguridad como jefe de una organización criminal. Es un «fies», los presos más peligrosos, y además está sometido a restricción de movimientos «para garantizar la seguridad y el buen orden del centro en base a la naturaleza y gravedad de los hechos cometidos y datos obrantes en su expediente».
De jefe a apátrida
Dado que la condición para la entrega que impuso la Fiscalía rusa es que no se le juzgue por lavar dinero (pese a las decenas de operaciones constatadas durante la investigación), la petición de pena quedará rebajada en principio a entre dos y cuatro años de prisión por asociación ilícita, de acuerdo al Código Penal de 1995, en lugar de los ocho años y medio que se le pedían inicialmente. Cuando se le juzgue y cumpla condena si hace valer su condición de apátrida podrá quedarse en España.
Lo que no podrá es recuperar su palacete de Pedralbes, intervenido por orden de la Audiencia Nacional, y que tuvo que ser desalojado por la Policía después de que fuera «okupado». La mansión es propiedad de la sociedad Moler Limited, radicada en Gibraltar. Su intención de permanecer en Barcelona quedó clara cuando su abogado alegó en octubre como garantía para que quedara en libertad que uno de sus hijos iba a alquilar una casa en la Ciudad Condal.
Su mujer Ntiana Onianidou sigue fugada. Huyó con él en 2005 dejando a su hija menor en el palacete (se hicieron cargo de ellos los servicios sociales hasta unos meses después) y ambos promovieron una campaña mediática y política en Rusia en la que acusaban a España de haber secuestrado a la niña.
Quince años después, el jefe de la «Kutaiskaya» con un larguísimo historial delictivo en toda Europa será por fin juzgado en España. Pero salvo sorpresas se librará de la principal acusación, un delito continuado de blanqueo de capitales. Esos que le permitieron vivir como un jeque en Barcelona y comprar voluntades para escapar del cerco policial.
El «vor» fanático del Barça
Botyr Rakhimov era otra cuenta pendiente de la Policía española y la Fiscalía Anticorrupción. Fue el segundo gran objetivo de la operación Java, desarrollada en marzo de 2010 contra el crimen organizado vinculado a las antiguas repúblicas soviéticas. Botyr, apodado Timur, un uzbeko de origen armenio vivía a caballo entre Barcelona y Kiev desde 2001 y está considerado un «vor v zakone», de primer nivel, protegido hasta su asesinato por el todopoderoso «Yaponchik». Tuvo excelentes relaciones con directivos de Gazprom y contaba con un entramado societario dedicado a la importación y exportación así como a la compra de inmuebles en España (en tres años llevó a cabo una decena de importantes operaciones inmobiliarias en Cataluña).
El 15 de marzo de 2010 no estaba en Barcelona. Los investigadores creyeron que vendría poco después para un partido de Champions del Barça, del que es fanático. Pero no lo hizo. Desde entonces lleva dando esquinazo a la orden internacional de detención que se dictó contra él.
En Navidad, Ucrania autorizó su entrega para ser juzgado y desde el día 26 está encarcelado enSoto delReal. Anticorrupción le acusa de asociación ilícita, un delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad en documentos mercantiles y tiene previsto solicitar para él entre siete y nueve años de cárcel. |