| Резюме: |  El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta semana ha condenado a Bélgica por rechazar la entrega de una etarra sin la debida justificación, se encarga de enjuiciar las violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos. El nacimiento de esta carte de derechos, que entró en vigor en 1953, se impulsó en el clima posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la intención de prevenir las atrocidades de los inicios del siglo XX.
En su historia, este tribunal ha condenado solo en cinco ocasiones a España, que suscribió la carta europea de derechos en 1977, año a partir del que quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que se conoce como Estrasburgo por la ciudad francesa donde tiene su sede. Según los datos del propio tribunal de 2017, Rusia encabeza el número de condenas, con 293. Otros países con muchas condenas son Turquía y Ucrania.
Bélgica, el país condenado en esta ocasión por las carencias en su respuesta a España, lleva años entorpeciendo las reclamaciones de España contra personas fugadas y se ha convertido así en un destino preferente para los huidos. Así sucedió con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se fugó a Bruselas en 2017. Este país, mucho más pequeño que España, ha sido condenado 7 veces.
En este fallo, Estrasburgo considera que Bélgica rechazó la entrega a España de una etarra histórica, Natividad Jáuregui, sin una justificación suficiente. En un fallo agridulce, el tribunal conocido como Estrasburgo (por la ciudad francesa dónde tiene su sede) ha concluido que Bélgica falló «en su obligación de cooperar».
La negativa de Bélgica -que alegó que la terrorista de los años de plomo sería torturada en España- no estuvo bien fundada y careció de una «suficiente base factual». Huida desde 1979, Jáuregui se cobija en Bélgica desde 2013 y está procesada en España por varios asesinatos de 1981. En este caso, Estrasburgo ha dado la razón a los familiares del teniente coronel Ramón Romeo, a quien la terrorista disparó en la nuca a sangre fría, cuando el hombre salía de la basílica de Begoña. Sucedió el 19 de marzo de 1981 y murió a los dos días. La familia demandó a Bélgica en enero de 2017 por esta entrega infructuosa, y ahora cada uno de los hijos del militar será indemnizados con 5.000 euros. Bélgica también deberá abonar 7.260 por los gastos del proceso.
El aroma agridulce de la decisión existe porque la resolución de Estrasburgo no provoca que el proceso de entrega se vuelva a estudiar o se reinicie. Y ese era el único objetivo de la familia Romeo: que la etarra Jáuregui sea traída a España para que sea juzgada por la Audiencia Nacional. En dos ocasiones, en los años 2013 y 2016, las autoridades belgas han rechazado la entrega. La terrorista -que nunca ha rendido cuentas por su actividad pasada en las filas de ETA- disfruta de una vida corriente en Bélgica y tiene una empresa de cátering.
En la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) explica que Bélgica ha violado el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida, en su vertiente procedimental, la que exige una investigación efectiva cuando está en juego este derecho.
El TEDH asegura que su resolución no supone que Bélgica tenga que entregar a la etarra -pues no tiene competencias para ello- y argumenta que cualquier país debe analizar si una entrega puede suponer un trato vejatorio en el otro país. Estraburgo analiza, sin embargo, los motivos de Bélgica y concluye que su suspicacia no está justificada. Bélgica no solicitó un análisis de la situación de los presos en España en el momento de la reclamación, no detectó «un riesgo real e individual» contra la etarra y no identificó un conjunto de defectos estructurales que avalaran su visión. Se limitó a aludir a un informe de la ONU que cuestiona la figura española de la prisión incomunicada.
Según Consuelo Ordóñez, la presidenta de Covite, España debería haber demandado como país a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Estrasburgo no era el cauce, no podía hacer más de lo que ha hecho, ni siquiera anular el proceso». |